Vigilancia electrónica a distancia, a procesados y condenados

Por Juan Trujillo Cabrera

La jurisprudencia ha planteado en diversas ocasiones, que los subrogados penales y otros mecanismos alternativos, como medidas que permiten reemplazar una pena restrictiva de la libertad por otra más favorable; tienen como fundamento la humanización del Derecho Penal y la motivación para la resocialización del condenado[1]. Sin embargo, las prisiones del país muestran cifras escandalosas de hacinamiento y violación a los derechos humanos[2]. Desde su ingreso a la prisión, el individuo es sometido a una serie de degradaciones y “profanaciones del yo”, que van desde el reemplazo de su nombre por un número, hasta someterse a desinfecciones, cortes de pelo y en general, a una pérdida casi absoluta de sus derechos.

Los tradicionales fines de la pena, como la prevención, retribución y resocialización, deben reenfocarse en la connotación humanizadora de la sanción penal. La idea del castigo y del sufrimiento debe ir siendo abandonada y reemplazada por otra más edificante de rehabilitación y reintegración. En dicha medida, se procedió a revisar la experiencia del sistema de la vigilancia electrónica a distancia, como medida que permita mejorar los niveles de disuasión y reincidencia criminal; y mejorar la protección de los derechos de las personas procesadas y condenadas, relativos a sus garantías fundamentales, a su integridad personal y condiciones de vida.

La explosión carcelaria

Se estima que a finales del año 2010 se encontraban más de 10 millones de personas recluidas en prisiones de más de 200 países[1]. En sólo Sudamérica la población carcelaria para 2012 era cerca de un millón de personas, de los cuales 114.284 reclusos estaban en prisiones colombianas.

Si se le compara con los Estados Unidos, denominado el “gran carcelero del mundo”, se observa con preocupación, que mientras que en dicho país la población intramural creció en la última década un 41%, en Colombia el aumento fue del 242%[2].

Resulta alarmante la cifra de personas recluidas en prisiones. Y es que no es poca cosa quitarle a alguien su libertad. Vivir por años en el encierro, es casi como arrebatarle la vida misma al prisionero. No solo su cuerpo, también su mente y su alma[3].

Que hayan tantos seres humanos confinados en prisiones, eleva la percepción en la opinión pública de que vivimos en un mundo inseguro y peligroso, lo cual contribuye con el propósito mayor de todo gobierno: incrementar su poder[4].

Entre más noticias judiciales se emitan a diario en los medios masivos de comunicación y más estados de indignación se propaguen a través de las redes sociales, más se robustecerá el poder punitivo y con ello, el sistema carcelario. Todos los días la televisión nos muestra al ministro, al abogado y a las víctimas, clamando por “seguridad pública”, por la defensa del “orden público” y de la “sociedad”.

Se clama justicia y cárcel. Algunos proponen cadenas perpetuas, mientras que otros reclaman penas de muerte. La popularización de la indignación lleva a linchamientos en las calles y a descalificaciones masivas tras el velo del internet[5].

Y es precisamente el control sobre la emoción de la población, a través del miedo y la indignación, lo que permite justificar el poder punitivo[6] y el sufrimiento a través de su versión más moderna de la cárcel.

Sin embargo, nuevos movimientos apuntan a un giro no solo en la política criminal, sino en el tratamiento del ser humano, como sujeto del Derecho.

¿Qué es la vigilancia electrónica?

El sistema de vigilancia electrónica es un conjunto de mecanismos que tienen como objetivo disminuir los niveles de encarcelamiento, aumentar la vigilancia sobre personas procesadas o condenadas, disminuir los costos del control de algunas medidas penales y reducir la reincidencia de los sentenciados[7].

Aunque la invención de la vigilancia electrónica data de la década de 1960, es innegable que después del 11 de septiembre de 2001, en la mayoría de los gobiernos se inició una vigilancia global sin precedentes[8], más que a prisioneros, a los propios ciudadanos libres, utilizando para ello la estructura física del internet, la tecnología satelital y otros desarrollos.

Pareciera que cuanta tecnología nueva esté disponible en el mercado, para uso personal y de los hogares, más sofisticado se convierte el monitoreo de las personas[9].

Todo apunta a que la vigilancia o espionaje a escala mundial, es una realidad que se consolidará cada vez más en los próximos años. No han faltado los debates enfocados a determinar la posible violación a la privacidad e intimidad que pueda generarse en el ciudadano común, con la introducción de nuevas tecnologías para el hogar.

Pero frente a la dura situación de sufrimiento que viven millones de seres humanos recluidos en prisiones de todo el mundo, sí resulta interesante estudiar la aplicación y desarrollo que puede llegar a tener la masificación de la vigilancia electrónica, a fin no solo de descongestionar las prisiones, sino también de permitirle al hombre, caído en desgracia, resocializarse en estado de libertad.

La vigilancia electrónica en el Derecho comparado

Inglaterra

Inglaterra es pionera en sistemas de vigilancia electrónica, no solo a los procesados y condenados, sino también a los ciudadanos libres de cualquier proceso penal[10]. Pero el sistema de la vigilancia electrónica, como sustituto penal a los condenados, se incorporó con la reforma de 1994 a la Criminal Justice and Public Order Act, con la implementación de tres programas piloto en Manchester, Norfolk y Reading. Sus objetivos eran evaluar la adecuación del monitoreo electrónico como alternativa al encarcelamiento para aquellos que eran liberados bajo fianza; evaluar la tecnología disponible y analizar el desempeño del sector privado en la gerencia del sistema. Así mismo, se buscaba determinar las posibilidades de su futura utilización en programas permanentes de ámbito nacional[11].

Tras una ampliación de los programas piloto, el sistema se implementó en la totalidad de Inglaterra y Gales desde 1999. Luego, a partir del año 2000, se autorizó su utilización a la libertad condicional  para condenados a penas de tres meses a cuatro años y con una duración de entre 14 y 60 días y un mínimo diario de 9 horas[12].

De acuerdo a BARROS LEAL, estos beneficios se aplicaron en un comienzo, como sustituto de la pena privativa de la libertad, en casos simples como hurto o conducción sin el permiso obligatorio. Luego se extendieron a condenados por incumplimiento del pago de multas, reincidentes en delitos leves, niños y adolescentes (10 a 15 años) y como condición para la excarcelación bajo fianza[13].

Sobre las la evaluación del sistema, anota OTERO GONZALEZ, que “un estudio realizado en Londres, durante el primer año de implantación del sistema, demuestra lo siguiente: el 95% de los sometidos cumplieron con las expectativas del sistema. Del 5%, el 68% vulneró alguna condición impuesta y solo el 1% realizó alguna conducta que supuso un serio daño para la sociedad”[14].

Australia

Desde 2004 se empezó a aplicar en Australia la vigilancia electrónica, a una población rigurosamente seleccionada, que se encontraba bajo detención domiciliaria (home detention).

Cada Estado federado regula con autonomía el sistema. Por ejemplo, Australia Occidental otorga el beneficio a:

  • Los condenados tengan una pena de prisión de un máximo de 12 meses o les reste como máximo ese tiempo de cumplimiento.
  • Los condenados a trabajos comunitarios, con una duración máxima del arresto vigilado de 6 meses[15].

Por su parte, el Estado de Nueva Gales del Sur, otorga el beneficio a quienes hayansido condenados a pena de prisión de un máximo de 18 meses, siempre que medie el consentimiento del condenado y sus allegados[16].

En todo el país, la medida se excluye a narcotraficantes y personas con antecedentes de violencia, ofensas sexuales y portadores de armas de fuego.

Nueva Zelanda

El programa comenzó a aplicarse en Auckland en 1995. En la actualidad, el beneficio cobija a:

  • Condenados que puedan ser beneficiados con la libertad condicional (hasta dos años de privación de la libertad) tras extinguir un tercio de su condena.
  • Condenados que no sean candidatos a la libertad condicional, pero que han cumplido dos tercios de su condena[17].

En cualquier caso, el beneficio aplica con el consentimiento del condenado y de sus allegados.

Alemania

El legislador alemán introdujo en diciembre de 2010, dentro del grupo de medidas que conforman la supervisión de la conducta (Fürhrungsaufsicht), el mecanismo de la vigilancia electrónica.

De ésta manera se contempla la posibilidad de monitoreo a los condenados que han finalizado la ejecución de una pena de prisión de duración superior a tres años, por comisión de delitos contra la vida, la integridad física, la libertad o la libertad sexual; así como a los sujetos que han finalizado el cumplimiento de una medida de seguridad[18].

Dentro de las obligaciones del beneficiario, está la de solicitar autorización a los agentes de supervisión abandonar su domicilio y restringirse de visitar determinados lugares.

Bélgica

Desde 1996 empezó a aplicarse el beneficio, como medida complementaria a la prisión domiciliaria. Luego se extendió su aplicación fuera del domicilio, pero prohibiéndose al beneficiario su presencia en determinadas franjas horarias y lugares previamente definidos.

Los costos del sistema son sufragados parcialmente por el condenado, siempre que tenga una pena privativa de la libertad inferior a 18 meses[19].

Holanda

Solamente hasta que se hizo insostenible el problema de la superpoblación carcelaria, las autoridades holandesas decidieron implementar mecanismos de descongestión. Así, luego de varias experiencias piloto, se incorporó el uso de la vigilancia electrónica en Holanda a nivel nacional desde 1997[20].

Sin embargo, en Holanda no existe una legislación que regule la vigilancia electrónica, por lo que de manera flexible su aplicación se rige bajo procedimientos administrativos[21].

Cabe destacar, que el mayor uso que se le ha dado a este programa, ha recaído en la monitorización electrónica de los reclusos dentro de las mismas prisiones[22]. No obstante, para los condenados a penas inferiores a un año, aplica la concesión del mecanismo[23].

Suecia

En Suecia no se presentó el problema de la superpoblación carcelaria ni la discusión sobre la reducción de costos del sistema penal, como factores que incidieran en la introducción de la vigilancia electrónica. El país escandinavo conserva una larga tradición académica y política, dirigida al reduccionismo carcelario[24] y al minimalismo penal.

A partir de 1994, la medida se aplicó a condenados cuya pena no excediera de tres meses. Luego, en 2001, el beneficio se extendió a los condenados por evasión fiscal, fraude y tráfico de drogas[25].

La vigilancia electrónica se emplea tan solo como una parte de un sistema integral de supervisión y resocialización, como la prohibición de consumo de alcohol y drogas monitorizada, visitas periódicas de las autoridades y la participación en un programa educativo tendiente a su rehabilitación[26].

Francia

Fue precisamente en Francia donde nació el concepto de pena atado al de prisión, desde su formulación por el pensamiento ilustrado. La prisión constituye uno de los símbolos del triunfo del liberalismo sobre el antiguo régimen. Es a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX cuando se sustituye la pena del dolor físico, traducido en tortura y pena capital; por el de dolor moral o psicológico, esto es, por el confinamiento a una prisión[27].

A partir de 1997, con el problema del hacinamiento carcelario, se inicia en Francia el proceso de regulación de sistema de vigilancia carcelaria, aplicado a penas cortas, en la fase del último periodo de las penas privativas de libertad, o como período de prueba previo a la libertad condicional. En todos los casos, siempre que el periodo no sea superior a un año[28].

Señala TORRES ROSELL, que desde el 2010 se ha consolidado el rol de las medidas de vigilancia electrónica. Así, por ejemplo, se ha establecido que, el condenado debe ser advertido de que su negativa a la monitorización o el incumplimiento de las obligaciones del monitoreo, conllevarán a su internamiento en un centro socio-médico judicial.

Los beneficiarios del monitoreo, pueden ejercer con cierta libertad sus actividades, siempre y cuando no usen armas, reparen el daño causado, participen en un programa formativo, no ingresen a determinados lugares ni tampoco se acerquen a ciertas personas[29].

Canadá

En 1987 empezó a desarrollarse el programa piloto, dirigido a condenados a pena de prisión de entre 7 días y 6 meses; y a presos a quienes les resten al menos 4 meses de cumplimiento.

El sistema se encuentra excluido a casos de delitos sexuales o violentos y a aquéllos sujetos que carecen de ocupación o empleo. Por tanto, el condenado debe demostrar su arraigo social y financiero, así como contar con el aval de sus allegados[30].

Para 2005, las provincias de Columbia Británica, Saskatchewan, Alberta, Ontario y Tierra Nueva, ya contaban con 154.000 personas monitoreadas[31].

Estados Unidos

Los Estados Unidos alcanzaron en 2015 una población carcelaria de 2,2 millones de personas, lo que supera a la totalidad de habitantes del Estado de Nuevo México. Estados Unidos también cuenta con la tasa más alta de prisioneros por habitante: de cada 100 mil personas, 724 son presos.

Se estima que alrededor de 2.7 millones de niños estadounidenses, tienen a sus padres tras las rejas. Actualmente existen cinco mil prisiones en todo el territorio de la nación, es decir, mucho más que el número de escuelas de todo el país. Incluso, en varios lugares de los Estados Unidos, hay más personas viviendo en las prisiones que en los campos estudiantiles[32].

El sistema de monitoreo electrónico se utilizó por primera vez, de manera aislada, en 1983 cuando un juez de Albuquerque lo implementó en un delito menor[33]. A partir de 1984 se empezó a utilizar el programa en La Florida y luego se extendió a otros Estados[34].

Es considerable el crecimiento que ha tenido la implementación del monitoreo, puesto que en 1998 ya se tenía a 95 mil personas sujetas a monitorización[35]. Incluso, en muchos Estados se contempla el monitoreo telemático como una forma de vigilancia perpetua en contra de los sujetos que hayan sido condenados por crímenes de abuso y violencia sexual, luego de haber quedado en libertad por cumplimiento de la pena[36].

En la actualidad, treinta y cinco Estados han implementado el monitoreo electrónico. Igualmente señala BARROS, que el conjunto de delitos previstos para extender la medida, es extenso: infracciones de tránsito, crímenes contra la propiedad, posesión de droga, conducción de vehículo en estado de embriaguez, violencia de género y violencia doméstica, entre otros[37].

Frente a los predadores sexuales que ya han cumplido su pena, la legislación ha establecido de varios Estados ha establecido la monitorización de por vida, a fin de prevenir reincidencias. Señala TORRES RUSEEL que en los Estados Unidos el seguimiento continuado de delincuentes sexuales se encuentra tan extendido, que los resultados obtenidos no se refieren necesariamente a individuos con elevado riesgo de reincidencia, ya que su aplicación generalizada incluye también a individuos que en principio presentan escasa peligrosidad[38].

Argentina

 En Argentina se implantó por primera vez la vigilancia electrónica a partir de 1997, en la provincia de Buenos Aires, como complemento de la detención domiciliaria. Rápidamente el sistema se fue ampliando a condenados de innumerables delitos  (de naturaleza patrimonial, contra la vida e integridad personal, fraudes, uso de drogas, delitos contra la administración pública, etc.) [39].

Según un estudio de DI TELLA y SCHARGRODSKY, se comprobó que el sistema de monitoreo electrónico en la provincia de Buenos Aires contribuyó a reducir la reincidencia.

La alternativa de la detención domiciliaria bajo monitoreo redujo la reincidencia en más de un 11%. Así mismo, dentro del sistema de monitoreo, los reincidentes mostraron una tasa de evasión de 34,6%, mientras que se evadió un 14,2% de los encarcelados por primera vez. El estudio mostró que el sistema de monitoreo electrónico resultó provechoso para evitar el efecto “criminogénico” de la cárcel sobre los nuevos delincuentes, pero al mismo tiempo, mostró que los ya reincidentes debían ser excluidos de este beneficio[40].

Sin embargo, debido a un caso de alto impacto mediático, las autoridades decidieron suspender el monitoreo en la Provincia de Buenos Aires, a pesar de la fuerte tendencia mundial a su utilización[41].

Brasil

A partir de 2008 varios Estados brasileños han implementado la vigilancia electrónica en modalidades de régimen semi-abierto o abierto, salidas temporales o libertad condicional vigilada.

En la ciudad de Guarabita, Estado de Paraíba, se ha realizado proyectos piloto con condenados en régimen cerrado, que trabajan en obras públicas sin escolta pero controlados vía electrónica[42].

En el Estado de Goias, las autoridades han reportado que el ahorro es del 50%, en comparación con los gastos de la manutención de un interno en prisión[43].

En Minas Gerais se aplica el programa a reclusos de régimen abierto y sem-iabierto, sin historial de falta grave en el régimen cerrado. Por su parte, en el Estado de Pernambuco se emplea solo en reclusos de régimen semi-abierto[44].

  • Costos del sistema en el ámbito internacional

De la investigación adelantada por DEJUSTICIA[45], se pudieron determinar los costos que tiene el sistema de vigilancia electrónica en varios países del mundo:

País Costo día unitario Tecnología
Bélgica € 38.6 RF
Inglaterra y Gales £ 11.7 adultos

RF

£ 16.5 jóvenes
£ 36.8
Estados Unidos

Florida (2008):

US$ 8,9

GPS

Conneticut (2007):

US$ 12

Francia € 12 RF
€ 30 GPS
Alemania € 30 GPS
Noruega € 100 RF
Suecia € 3.4 RF

La explicación a tan variada diferencia de costos, incluso al interior de algunos países, está dada porque los servicios son muy distintos entre unos y otros. Es el caso de Inglaterra y Gales, donde el programa de vigilancia electrónica incluye toda una infraestructura de análisis acerca las personas que son elegibles, y de monitoreo detallado acerca del desempeño familiar y laboral de cada uno de los usuarios[46]. Mientras que en otros países, el sistema se reduce al costo del brazalete y el monitoreo del individuo[47].

Igualmente se tiene que en países como Estados Unidos, Bélgica, Chile y algunos estados mexicanos y brasileños, los costos son asumidos total o parcialmente por el beneficiario.

La vigilancia electrónica en Colombia

Por primera vez se hizo alusión en Colombia al sistema de vigilancia electrónica, con la expedición del Decreto 2636 de 2004, que estableció como competencia de los jueces de Ejecución de Penas, la imposición de medidas de vigilancia electrónica como mecanismo sustitutivo de la prisión en casos de delitos considerados menores, es decir, con pena impuesta no superior a cuatro años de prisión.

El sistema se amplió considerablemente con la Ley 1142 de 2007[48], que consagró la posibilidad de imponer la obligación de someterse al mecanismo a quien se le sustituya la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, previo cumplimiento de los presupuestos señalados para ser beneficiario del sustitutivo.

Las pruebas piloto se llevaron a cabo hasta el 31 de diciembre de 2010, en los Distritos Judiciales de Antioquia, Armenia, Bogotá, Buga, Cali, Cundinamarca, Manizales, Medellín, Pereira, Santa Rosa de Viterbo y Tunja[49].

  • Beneficiarios

Con el Decreto 177 de 2008, se estableció que el Juez de Ejecución de Penas puede ordenar la utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la prisión, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

  • Que la pena impuesta en la sentencia no supere los ocho (8) años de prisión; que no se trate de delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
  • Que la persona no haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.
  • Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.
  • Que se realice el pago total de la multa.
  • Que sean reparados los daños ocasionados con el delito dentro del término que fije el Juez.
  • Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones, las cuales deberán constar en un acta de compromiso:
  1. Observar buena conducta;
  2. No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de la pena;
  3. Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción que implique la medida;
  4. Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la pena cuando fuere requerido para ello[50].

Adicionalmente, se le permite al Juez de Ejecución de Penas determinar la necesidad de someter a la población condenada que se encuentre en modalidad distinta a la reclusión en centro penitenciario, a los sistemas de vigilancia electrónica.

Al momento de considerar la concesión del beneficio, el juez debe tomar en consideración el núcleo familiar de la persona y el lugar de su residencia[51].

  • Exclusiones

Dentro de las exclusiones al beneficio de la vigilancia electrónica, el legislador estableció los casos que recaigan sobre delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados, particularmente en relación con tráfico de migrantes, acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir, violencia intrafamiliar, hurto calificado y agravado, estafa agravada, uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, y peculado por apropiación.

Posteriormente, se ampliaron las exclusiones a los delitos de tráfico de menores de edad, uso de menores de edad para la comisión de delitos, usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones o explosivos, y delitos contra la administración pública[52].

El Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, modificó el beneficio de la vigilancia electrónica, al excluir de subrogados penales a los sentenciados por delitos contra la administración pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional. Así mismo, también modificó la lista de delitos excluidos de la medida de sustitución de la detención en centro carcelario por detención domiciliaria. Incluyó en la lista de delitos excluidos: el enriquecimiento ilícito, soborno transnacional, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y el tráfico de influencias[53].

  • Situaciones en las que es viable la aplicación de la vigilancia electrónica

Actualmente en Colombia se tienen tres situaciones en las cuales aplica la utilización de este sistema:

  • Como mecanismo de vigilancia de la detención preventiva en el domicilio del imputado[54]: El juez puede ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica. En éstos casos, igualmente el juez puede autorizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o morada, pero en tal evento debe controlarse el cumplimiento de la medida mediante un mecanismo de vigilancia electrónica[55].
  • Como medida de aseguramiento no privativa de la libertad: El Código de Procedimiento Penal expresamente consagra como una de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica[56]. En tal caso, resulta necesario que se de cualquiera de los siguientes requisitos: a) Delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, b) O por delitos queréllales, c) O cuando el mínimo de la pena señalada en la ley no exceda de cuatro (4) años, satisfechos los requisitos del artículo 308, siempre que sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las finalidades previstas[57].
  • Como mecanismo de vigilancia, control y ejecución de la prisión domiciliaria: Al igual que en los eventos de la detención preventiva en el domicilio del imputado, se tiene que en los casos de condenados beneficiarios de la prisión domiciliaria, el juez puede ordenar, si así lo considera necesario, que se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica.

 

  • Sistemas utilizados

En la actualidad, el ordenamiento jurídico colombiano tiene establecido tres mecanismos de vigilancia electrónica, que abarcan desde el seguimiento pasivo[58] y el seguimiento activo[59], hasta el reconocimiento de voz[60]. No obstante, como en todo, a medida que se desarrolle la tecnología, se irán incrementando las modalidades técnicas de vigilancia electrónica tanto en Colombia como en el mundo.

Por medio del Seguimiento Pasivo RF, se instala un dispositivo consistente en un brazalete o una tobillera en el cuerpo del condenado o procesado, el cual trasmite a una unidad receptora, la que a su vez se encuentra conectada a una línea telefónica convencional.

Por su parte, mediante el Seguimiento Activo-GPS, se instala un dispositivo consistente en un brazalete o tobillera en el cuerpo del procesado, el cual llevará incorporada una unidad GPS (Sistema de Posicionamiento Global), que transmite la ubicación del beneficiario, indicando si ha llegado a zonas de exclusión. Cuando el beneficiario del dispositivo llegue al lugar establecido para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, la información que así lo indique será transmitida al centro de monitoreo, sin que durante el transcurso del día se haya perdido la transmisión inherente al Sistema de Vigilancia Electrónica. Dicha comunicación se llevará a cabo vía telefónica o móvil.

Entre tanto, a través del Reconocimiento de Voz, se busca llevar a cabo una llamada al lugar de residencia del condenado o sindicado, y autenticar su identidad comparando su voz contra una impresión de voz previa tomada durante el proceso de registro.

  • Financiación

En Colombia se tiene establecido que el sistema de vigilancia electrónica es sufragado por el beneficiario de acuerdo a su capacidad económica[61]. Así mismo, está dispuesto que, de demostrarse que el beneficiario no tiene capacidad económica demostrada para su pago, éste será asumido por el Estado.

A la financiación del sistema igualmente deben concurrir los ahorros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por concepto de la atención integral y tratamiento penitenciario de los reclusos, tales como la alimentación, los servicios de salud y los desplazamientos, toda vez que desde el momento de la salida de la persona del establecimiento de reclusión, el INPEC no asume dichos costos[62].

  • Redención de pena

El legislador colombiano ha establecido que los beneficiarios del sistema, pueden solicitar autorización para desarrollar actividades válidas de redención de pena, tales como estudio, trabajo y enseñanza[63].

  • Centro de monitoreo

El control y la vigilancia del beneficiario se efectúa desde el Centro de Monitoreo del INPEC, bajo la responsabilidad del establecimiento de reclusión en el que se encontraba el interno o que le asignó para el descuento de la pena.

  • Desarrollo y ejecución del sistema

Conforme a las cifras entregadas por el INPEC, se tiene que a enero 2015, se contabilizaron 4.346 internos bajo la modalidad de vigilancia electrónica, el 48,8% (2.120) bajo control de Radio Frecuencia, el cual es ordenado por el juez o como medida de control adoptada por el INPEC. Por otra parte el 51,2% (2.226) con dispositivo consistente en una unidad GPS[64].

Por concentración de población dependiente, la región central tiene el mayor número de internos beneficiados con esta medida de la prisión sustitutiva, con el 28,7% (1.246), le sigue Viejo Caldas con 805 equivalente a 18.5%, continua la región noroeste 18,5% (803) y norte 17,1% (744), occidente 12,3% (533) y por ultimo oriente con 4,9% (215) [65].

Autoridad Central Occidente Norte Oriente Noroeste Viejo Caldas Total
RF GPS RF GPS RF     GPS RF GPS RF GPS RF GPS RF GPS
Prisión domic. 54 63 68 60 8 93 13 26 40 47 15 57 198 346
Ley 1709 de 2014 111 104 43 30 3 6 30 13 56 68 94 59 337 280
Medida de control x Juzgados 11 32 13 17 3 2 2 5 8 8 19 28 56 92
Juzgados de EPMS 309 302 85 51 65 35 51 38 119 109 130 72 759 607
Juzgados de Conocimiento 61 44 29 14 60 81 12 6 34 29 32 19 228 193
Juzgados de Garantías 103 49 36 87 160 227 16 3 89 196 138 142 542 704
Corte Suprema de Justicia 3 1 0 4
Total 1.246 533 744 215 803 805 4.346

De la anterior tabla se concluye, que la región central es la que cuenta con mayor participación del sistema de vigilancia electrónica, con un 28.7%. Le siguen la región noroeste y el Viejo Caldas, ambos con 18.5%, norte con 17.1%, occidente con 12.3% y oriente con 4.9%.

Para el mes de enero 2015, la población reincidente a cargo del INPEC sumó 18.745 personas y en sus diferentes modalidades de penalización presentó las siguientes cifras: intramuros 87,3% (16.362), en domiciliaria 10,7% (2.006) y con control y vigilancia electrónica 2,0% (377) [66].

Al igual que la población en domiciliaria, quienes ingresaron a esta modalidad sustitutiva de prisión se beneficiaron de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014. La variación fue del 1,3%, con 57 nuevos beneficiados con control y vigilancia electrónica[67].

Región Diciembre 2014 Enero 2015 Variación Diciembre 2014 – Enero 2015
Absoluta Relativa
Central 1.205 1.246 41 3,40
Occidente 528 533 5 0,95
Norte 729 744 15 2,06
Oriente 212 215 3 1,42
Noroeste 806 803 -3 -0,37
Viejo Caldas 809 805 -4 -0,49
Total 4.289 4.346 57 1,3%

Los internos con control y vigilancia electrónica aumentaron en 57 personas con un 1,3% con relación al mes anterior.

  • Análisis económico

En otro estudio se había determinado que para el Estado, los costos de transacción que deben sufragarse por el encarcelamiento masivo, resultan elevados frente al poco o quizás ningún beneficio que de ellos mismos se obtiene. Si el fin de la pena privativa de la libertad, constituye la disuasión de futuros delitos, esto no se garantiza necesariamente con la prisión, ya que los delitos difícilmente se previenen con penas de encierro, en un país en el que no cabe más reclusos en las cárceles[68].

Castigar con prisión en muchos casos, económicamente resulta ineficiente para toda la sociedad. La prisión no genera ningún recaudo económico para el Estado, sino que por el contrario, constituye un gran costo de transacción por la manutención del condenado durante años.

No se justifica económicamente la construcción, el mantenimiento y la operación de una prisión; frente a la pérdida de la producción económica de un individuo durante años y otros tantos más, con anotaciones de antecedentes penales, que le restan oportunidades de mejorar sus ingresos.

El Análisis Económico del Derecho defiende el empleo menor de la cárcel como sanción y el uso adecuado y ejemplar de las multas o sanciones pecuniarias, como mecanismos de represión de infracciones que no ameritan costos de transacción tan elevados. Así mismo, la utilización adecuada del principio de oportunidad en el sistema adversarial, podría constituir un mecanismo realmente eficiente del manejo de la justicia penal[69].

Por su parte, la investigación adelantada por DEJUSTICIA en 2012, tuvo como objetivo determinar si el sistema de vigilancia electrónica en Colombia resultaba menos costoso, en comparación del internamiento en establecimiento carcelario[70]. Para el efecto, se cotejaron los costos de implantar el sistema de vigilancia electrónica con la prisión intramuros, calculando el costo anual per cápita de ambos sistemas.

En el cálculo del costo per cápita del sistema se empleó información suministrada por el operador GENSA, de $14,295 y $17,560, por el alquiler de cada brazalete electrónico en Bogotá y resto del país respectivamente[71]. De otro lado, de acuerdo a información suministrada por el INPEC, el porcentaje de usuarios en Bogotá es el 21% de la población, aproximadamente. Por tanto, el costo promedio ponderado diario del uso de la tecnología del brazalete es de $16,874, lo que equivale a un costo per cápita anual del brazalete de $5’063,426. Para obtener el costo unitario total, se le debe agregar al costo de la tecnología el costo del personal INPEC (GRUVE y ERON) encargado del monitoreo (de $1.5 millones por usuario por año). En consecuencia, el costo total anual per cápita del SVE es de $6.5 millones[72].

De éste importante estudio se concluyó que el significativo diferencial de costos unitarios a favor de la vigilancia electrónica, en comparación con la vigilancia en prisiones, es una opción costo-efectiva. Mientras que el costo per cápita anual para un interno intramuros es de $12 millones, el de un beneficiario del sistema de vigilancia electrónica es la mitad.

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[1] Considerando que para el año 2000 había 8´707.428 personas detenidas en prisiones, se tiene que para finales de la década se presentó un incremento del 16%. Estas cifras podrían dispararse aún más, ya que no se cuentan con datos de Afganistán, Irak, Laos, Sierra Leona y Corea del Norte, entre otros. PEREZ TORO, WILLIAM. ¿Más Prisiones?, en ¿Reformar o abolir el sistema penal?, ARIAS HOLGUIN, Diana. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2015, pg. 141,

[2] PEREZ TORO, WILLIAM. ¿Más Prisiones?…, pg. 142. Según la Revista Newsweek, edición del 23 de febrero de 2015, la mitad de la población carcelaria del mundo se encuentra en los EEUU, Rusia y China.

[3] El alma, como parte incorpórea pero existente del individuo, juega un rol central dentro de la teoría de FOUCAULT sobre las prisiones: “La historia de ésta microfísica del poder punitivo sería entonces una genealogía o una pieza para una genealogía del “alma” moderna. Más que ver en ésta alma los restos reactivados de una ideología, reconoceríase en ella más bien el correlato actual de cierta tecnología del poder sobre el cuerpo. No se debería decir que el alma es una ilusión, o un efecto ideológico. Pero sí que existe, que tiene una realidad, que está producida permanentemente en torno, en la superficie y en el interior del cuerpo”. FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo Veintiuno Editores, México, 2005, p. 36.

[4] “Los más serios y odiados infractores de la ley penal son la justificación para nuevas incursiones del poder estatal”. ZIMMING, Franklin y HAWKINS, Gordon. Democracy and the Limits of Punishment: A Preface to Prisioners Rights, in Michael Tonry (ed), The Future Imprisonment (2004), pp. 161-162.

[5] ZAFFARONI acuñó el término “criminología mediática”, para referirse al programa criminal de los medios de comunicación: “Estas series (de TV) transmiten la certeza de que el mundo se divide entre buenos y malos y de que la única solución a los conflictos es la punitiva y violenta. No hay espacio para reparación, tratamiento, conciliación; sólo el modelo punitivo violento es el que limpia a la sociedad. Esto se introyecta tempranamente en el equipo psicológico, en particular cuando el televisor es la babysister”. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La cuestión criminal. Editorial Ibáñez, Bogotá, 2013, p. 221.

[6] Sostiene REED, que el miedo al crimen y a los criminales es un poderoso recurso que reorganiza simbólicamente el mundo estructurándolo en ejes dicotómicos: el bien y el mal, los de adentro y los de afuera, y amigos y enemigos. “Estas construcciones tienden a establecer orden en un universo que parece haber perdido sentido”. REED, MICHAEL. ¿Y quién dijo miedo? Un estado de necesidad fabricado para gobernar mediante el crimen, en Delito y tratamiento penitenciario en el contexto de los Derechos Humanos. Ediciones Unaula. Bogotá, 2014, pg. 21.

[7] RENZEMA y MAYO definen la vigilancia electrónica como cualquier tecnología que detecta la localización de un sujeto en determinados lugares y horas, y transmite esos datos a una estación central de monitorización. RENZEMA, Marc y MAYO, Wilson. Can electronic monitoring reduce crime for moderate high-risk offenders? En Journal of Experimental Criminology, 2005. Disponible en versión electrónica en http://correcttechllc.com/articles/14.pdf.

[8] GARIBALDI señala que tras los ataques del 9-11, cientos de cámaras fueron colocadas en calles, subterráneos, escuelas y servicios federales de Washington DC. En Tampa se agregaron varias docenas de cámaras equipadas con tecnología de reconocimiento de rostros que pretenden capturar la imagen de personas con pedidos de captura. Para el año siguiente, 2002, en EEUU ya se encontraban instaladas 400 mil cámaras en áreas públicas. Muchos otros países de Europa tienen sistemas similares. GARIBALDI, Gustavo E. L. Las modernas tecnologías de control y de investigación del delito. Su incidencia en el derecho penal y los principios constitucionales. Buenos Aires: Ad-hoc, 1a Ed., 2010.

[9] Se dice que la próxima revolución tecnológica es el “internet de las cosas”, que permite a cualquier objeto (cepillo de dientes, zapatos o reloj) recolectar información sobre nuestros hábitos de consumo, analizarlos mediante aplicaciones, y a cambio darnos recomendaciones para “mejorar” nuestro estilo de vida. El problema más evidente es la facilitación de datos privados y la preocupación por la seguridad de los mismos. A esto se suma la creencia de que habrá un incremento de hackers y que los hogares puedan verse infectados por virus informáticos.

[10] BARROS LEAL sostiene que en Inglaterra es intensiva la video vigilancia en espacios públicos y que solamente en Londres existen 400 mil cámaras esparcidas por sus calles. BARROS LEAL, CESAR. La vigilancia electrónica a distancia. Editorial Porrúa, México, 2010, pág. 82. Se dice que Inglaterra ha usado este sistema de vigilancia policial más que cualquier otro país de Europa occidental, por lo que es normal encontrarse con amplia video vigilancia en los centros de todas las ciudades inglesas. Véase HERRERA, CELIDA GODINA. El panóptico moderno. Revista de Filosofía: A Parte Rei. Nº 46. p. 5. Madrid, Julio 2006.

[11] Esta primera fase fue considera insatisfactoria, pero justificada en términos de naturaleza experimental. Sin embargo, los ataques dirigidos a esos tres experimentos no obstaculizaron el desarrollo del monitoreo electrónico en Inglaterra. SILA REIS, Fabio André. Monitoramento eletrônico de prisioneiros (as). Breve análise comparativa entre as experiências inglesa e sueca. Pg. 3, Congresso Internacional de Direito e Tecnologias da Informação, Salvador, Brasil.  2004. Artículo disponible en versión electrónica en la web  http://ww3.lfg.com.br/artigos/Blog/MonitoramentoEletronicodePrisioneiros_FabioAndreSilvaReis.pdf.

[12] ADAMS, C. y HARTLEY, R. The Chipping of Goods Initiative. Property Crime Reduction Through the Use of Electronic Tagging Systems. A Strategic Plan. HomeOffice, Sandridge, Londres, 2000.

[13] BARROS LEAL además señala, que en los últimos años se ha ampliado la utilización de la vigilancia electrónica a diferentes casos, como por ejemplo, la salida de los reclusos dos meses antes del cumplimiento de la pena (Sistem Backdoor). Ibídem, pág. 84.

[14] OTERO GONZALEZ, Pilar. Control Telemático de Penados: Análisis Jurídico, Económico y Social. Tirant to Blanch, Valencia, España, 2008, p. 82

[15] BLACK, M y SMITH, R. Electronic monitoring in the criminal justice system, en Australian Institut of Criminology. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, num 254, pp. 1-15. 2003.

[16] Con algunas variantes, pero con poca cobertura, la medida ha sido igualmente implementada en Australia Meridional, Queensland y el Territorio del Norte. BLACK, M y SMITH, R. Electronic monitoring in the criminal justice…, pp. 1-15. 2003.

[17] BARROS LEAL, ibídem, pág. 92.

[18] TORRES ROSELL, Nuria. Libertad vigilada y seguimiento continuado de penados: contenido e implicaciones político criminales. Revista electrónica de ciencia penal y criminología,  Universidad de Granada, España, 2012, p. 23.

[19] BARROS LEAL, ibídem, pág. 92.

[20] GONZALEZ BLANQUÉ, Cristina. El Control Electrónico en el Sistema Penal. Tesis doctoral.  Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic. Barcelona, 2008. Disponible en http://www.tdx.cat/handle/10803/5092.

[21] BARROS LEAL, ibídem, pág. 90.

[22] Señala OLIVERA, que en Holanda el monitoreo electrónico se extiende en toda “celda, ocupada por seis infractores, hay un micrófono para emitir los sonidos que son repasados en tiempo real para el Centro de Control, donde está instalado un software que reconoce el nivel de emoción de la persona por el ritmo y volumen del habla. En caso de pelea, por ejemplo, el programa dispara una alarma de aviso a los inspectores”. OLIVERA, Edmundo. Direito Penal do Futuro: A Prisão Virtual. Forense, Rio de Janeiro, 2007, pg. 4-5.

[23] VAN SWAANINEGN, René y BEIJERSE, Jolande. Electronic monitoring in the Netherlands. En Electronically Monitored Punishment: International and Critical Perspectives, de NELLIS, Willan, 2012.

[24] El diario El Pais de Madrid, informó en su edición del 12 de noviembre de 2013, que Suecia cerró cuatro cárceles (en Aby, Haja, Batshagen y Kristianstad) por una baja en el número de presos. Las prisiones suecas redujeron el número de ingresos a una velocidad del 1% anual, por lo que en los últimos seis años la cifra de ingresos ha caído en un 65%. Dos de las instalaciones fueron vendidas y las otras dos se destinaron al uso temporal de otras administraciones del gobierno.

[25] BARROS LEAL, ibídem, pág. 92.

[26] VON HOFER, Hanns. Notes on crime and punishment in Sweden and Scandinavia. En Crime and Justice, Vol. 40, No. 1, 2011, pgs. 33-107. Disponible en Chicago Journals, http://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.88260.1337172125!/menu/standard/file/2011_Punishment.pdf.

[27] FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión…, pg. 77-108.

[28] Véase LÉVY, René; TOURNIER, Pierre V.; PITOUN, Anna; y KENSEY, Annie. Electronic monitoring: Assessment of the experimental phase. CESDIP, 2003, disponible en http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/PI_03_2003-2.pdf.

[29] TORRES ROSELL, Nuria. Libertad vigilada y seguimiento continuado de penados…, p. 19.

[30] El estudio de BONTA, WALLACE-CAPRETTA y ROONEY, además evaluó los programas de monitorización en las provincias de British Columbia, Saskatchewan y Newfoundland. BONTA, James, WALLACE-CAPRETTA, Suzanne y ROONEY, Jennifer. Can electronic monitoring make a difference? An evaluation of three Canadian programs. Crime and delinquency, 2000, 46, 61-75. Volume 3, Number 2, Item 4. May 2000.

[31] BARROS LEAL, ibídem, pg. 82.

[32] Otros datos de interés publicados por la Revista Newsweek, en su edición del 23 de febrero de 2015: 1) La población carcelaria de los Estados Unidos se ha cuadruplicado desde principios de 1980, con la política criminal anti-drogas. 2) Alrededor de la mitad de los internos en las prisiones federales están cumpliendo condena por delitos que no son violetos. 3) El coste anual de encarcelar a un preso en una prisión federal es de aproximadamente 29 mil dólares. 4) El encarcelamiento cuesta a los contribuyentes casi $70 mil millones al año. 5) El gasto estatal en prisiones ha crecido alrededor de 300 por ciento en tan sólo los últimos 20 años. 6) La vigilancia electrónica ahorraría a los contribuyentes casi 24 mil millones dólares en los próximos 20 años.

[33] Entre 1964 y 1970, se produce la invención y desarrollo del dispositivo, gracias al trabajo de un grupo de psicólogos experimentales de Harvard, dirigidos por RALPH SCHWITZGEBEL. El equipo tenía por objeto complementar la libertad condicional aplicada a sujetos reincidentes peligrosos. Sin embargo, dicha iniciativa no prosperó en el sistema norteamericano. Véase PEÑA CAROCA, Ignacio. Monitoreo telemático: Análisis crítico desde la sociología del control y la economía política del castigo. Universidad de Chile. Revista de Estudios de la Justicia – Nº 18, Santiago, 2013, p. 163.

[34] LUZÓN PEÑA, D.M., Control electrónico y sanciones alternativas a la prisión. VII Jornadas Penitenciarias Andaluzas, Junta de Andalucía, Sevilla, 1994

[35] PEÑA CAROCA, Ignacio. Monitoreo telemático… p. 163.

[36] TORRES ROSELL, Nuria. Libertad vigilada y seguimiento continuado de penados: contenido e implicaciones político criminales. Revista electrónica de ciencia penal y criminología,  2012, p. 15.

[37] BARROS LEAL, ibídem, pg. 81.

[38] TORRES ROSELL, Nuria. Libertad vigilada y seguimiento continuado de penados…, p.16.

[39] BARROS LEAL, ibídem, pg. 95.

[40] DI TELLA, Rafael; y SCHARGRODSKY, Ernesto. Criminal Recidivism after Prison and Electronic Monitoring. Journal of Political Economy. Chicago, 2013. Disponible en http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/JPE-Electronic%20Monitoring_e3fc1f85-dabe-409a-a028-0b1443e70d16.pdf

[41] El caso se conoció como la Masacre de Campana. En el año 2007 un juez otorgó el beneficio de la vigilancia electrónica a un reo que había sido condenado por homicidio y violación. Luego de ser excarcelado, en julio de 2008, el sujeto evadió el monitoreo y asesinó a una familia entera. Diario La Nación de Buenos Aires, edición del 7 de septiembre de 2008.

[42] BARROS LEAL, ibídem, pg. 97.

[43] BARROS LEAL, ibídem, pg. 97.

[44] BARROS LEAL, ibídem, pg. 97.

[45] DEJUSTICIA y G/EXPONENCIAL CONSULTORES. Evaluación de operaciones del Proyecto de Sistemas de Vigilancia Electrónica. Informe final. Bogotá, 3 de febrero de 2012. p. 103.

[46] DEJUSTICIA…, p. 105.

[47] Otros estudios señala que en “Europa, la reducción de costos que implica la utilización de dispositivos telemáticos siempre ha sido un argumento a tener en cuenta a la hora de su implantación. En general, se estima que cuesta cinco veces menos que el ingreso a la prisión. En Inglaterra todavía el ahorro es más considerable: entre 360 y 660 libres cuesta un interno por semana frente a 30 o 40 libras por semana el penado que se encuentra bajo vigilancia electrónica, no llegando en este caso a las 2000 libras por año y penado. En España… los datos que disponemos se aproximan a los de Gran Bretaña. Y, por último, en Canadá (50 dólares canadienses) representan algo menos que la mitad del coste estimado de la prisión”. OTERO GONZALEZ, Pilar. Control Telemático de Penados…, p. 82

[48] Art. 27.

[49] Art. 6 del Decreto 1316 de 2009. Las pruebas piloto se fueron implementando en cuatro fases, hasta cubrir todo el territorio nacional: Primera Fase. Distritos Judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Iniciará su implementación a más tardar el día primero de julio de 2008. Segunda Fase. Distritos Judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Tunja. Iniciará su implementación a más tardar el día primero de julio de 2009. Tercera Fase. Distritos Judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio. Iniciará su implementación a más tardar el día primero de julio de 2010. Cuarta Fase. Distritos Judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar los Sistemas de Vigilancia Electrónica a más tardar el día treinta y uno de diciembre de 2010 (Art. 9 del Decreto 177 de 2008).

[50] Art. 1º.

[51] Ley 1453 de 2011, art. 3.

[52] Ley 1453 de 2011, art. 3.

[53] Art. 39.

[54] Conforme al art. 324 del CPP (Ley 906 de 2004), puede sustituirse la medida de detención preventiva de los procesados en establecimiento carcelario por la de detención en el domicilio del procesado, en los siguientes eventos: a) Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será evaluado por el juez al momento de decidir sobre su imposición. b) Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. c) Cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de nacimiento. d) Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales (…) e) Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. Adicionalmente, la Ley 1709 de 2014, art. 22, en su parágrafo estableció que la detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplica el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión. Con esto se tiene, que la detención preventiva en lugar de residencia tiene los mismos requisitos que la prisión domiciliaria, y se aplicará todo lo relacionado a la prisión domiciliaria.

[55] Ley 1709 de 2014, art. 25.

[56] Ley 906 de 2004, numeral 1º, literal b), art. 307.

[57] Ley 906 de 2004, art. 315.

[58] Decreto 177 de 2008, art. 4.

[59] Decreto 177 de 2008, art. 5.

[60] Decreto 177 de 2008, art. 6.

[61] Art. 27 de la Ley 1709 de 2014.

[62] Decreto 3336 de 2008, art. 1º.

[63] Resolución 649 de 2009, art. 2. Adicionalmente, mediante la Circular 001 de 4 de enero de 2010 del INPEC, se señaló que el control electrónico lo aplica directamente dicha Institución, a las personas a las cuales se les ha otorgado prisión domiciliaria, como medida sustitutiva de la privación de la libertad en Establecimiento de Reclusión. La autoridad judicial puede otorgar una autorización a estos usuarios de estudiar y/o trabajar fuera de la residencia, y a dichas personas también se les aplica el brazalete, la cual sirve para monitorear el perímetro en el que se pueden movilizar. Por otra parte, las personas receptoras de la medida deben estar adscritas a los establecimientos carcelarios correspondientes a sus distritos judiciales.

[64] INPEC. Informe Estadístico Enero de 2015. Oficina Asesora de Planeación. Bogotá, febrero de 2015.

[65] INPEC. Ibídem.

[66] INPEC. Ibídem.

[67] INPEC. Ibídem.

[68] TRUJILLO CABRERA, Juan. Análisis económico del Derecho colombiano. Dictus Publishing, Saarbrücken. 2012

[69] TRUJILLO CABRERA…, ibídem.

[70] DEJUSTICIA y G/EXPONENCIAL CONSULTORES. Evaluación de operaciones del Proyecto de Sistemas de Vigilancia Electrónica. Informe final. Bogotá, 3 de febrero de 2012. p. 11.

[71] DEJUSTICIA…, ps. 101 y ss.

[72] DEJUSTICIA…, ps. 101 y ss.

[1] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-035 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Reitera la Sentencia C-425 de 2008, de la misma Corporación.

[2] En el desarrollo del convenio de cooperación firmando entre la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, se concluyó que el hacinamiento carcelario “…Trae como consecuencia graves problemas de salud, de violencia, de indisciplina, de carencia en la prestación de servicios (trabajo, educación, asistencia social, deportes, educación, visita conyugal, servicios médicos, etc.), con una clara violación de la integridad física y mental de los reclusos, de su autoestima y de la dignidad humana. Igualmente, el hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en una forma de pena cruel, inhumana y degradante. Para la comisión es claro que en los penales que presentan condiciones de hacinamiento crítico, la calidad de vida de los reclusos sufre serios deterioros, al punto que no se pueden considerar sitios seguros ni para los internos, ni para el personal que trabaja con ellos. “En síntesis, a mayor hacinamiento, la calidad de vida de los reclusos y la garantía de sus Derechos Humanos y fundamentales es menor”. Fuente: INPEC. Informe estadístico Enero. Oficina Asesora de Planeación. Edición No. 01 de 2014.

Vigilancia electrónica a distancia, a procesados y condenados

Los laberintos de la mente

Por Umberto Eco

Me gustaría abordar el tema de un artículo reciente del periodista italiano Eugenio Scalfari: el laberinto.
El concepto del laberinto se remonta a la historia de Teseo y Ariadna de la mitología griega y, con el tiempo, se ha convertido en objeto de fascinación en el mundo del arte y, dirían algunos, también en el de la filosofía. Los laberintos han inspirado el diseño del piso de las catedrales y de grandes jardines. Su influencia se extiende incluso a los perturbadores laberintos en The Shining de Stanley Kubrick, los vertiginosos dibujos de M.C. Escher y las fantasías laberínticas de Jorge Luis Borges.
Pero nadie podría perderse en el laberinto de Cnosos, Creta, el de Teseo. Si imprimimos una vista aérea del laberinto y seguimos su trayectoria con un lápiz, no podríamos dejar de encontrar el centro y la salida. El laberinto de Cnosos es “unilineal”, es decir, si de alguna manera pudiéramos desenmarañarlo, terminaríamos con una sola línea recta, tal como el hilo que Ariadna le da a Teseo para marcar su camino. Lo que hace peligroso al laberinto de Cnosos es que el minotauro acecha en el centro. Pero una vez que nos deshacemos del minotauro es fácil salir.
Los problemas de Teseo, nos recuerda Scalfari, empiezan después, cuando se ve obligado a tomar otras decisiones que podríamos llamar “existenciales” (por ejemplo, elegir entre Fedra y Ariadna). La imaginación clásica no le dio forma a la complicada maraña que nos espera afuera del laberinto pues, al menos hasta tiempos modernos, el modelo del mundo era estrictamente geométrico, constituido por formas “cerradas”: esferas concéntricas, jerarquías triangulares y, desde Marco Vitrubio Polión hasta Leonardo da Vinci, figuras humanas circunscritas en cuadrados, círculos o pentágonos.
En la era moderna se empezó a sospechar no solo que la Tierra no era el centro del universo, sino que el universo es de hecho infinito; o que podría existir un número infinito de universos y, por tanto, que la geometría ya no podía representar al universo. Y así, el laberinto pasó de unilineal a multilineal: a cada paso hay que elegir entre dos caminos y solo uno de los dos es el correcto. Sí es posible perderse en un laberinto multilineal. Si pudiéramos desenmarañarlo, no tendríamos una sola línea recta, un hilo, sino más bien un árbol con un número potencialmente infinito de ramas. Cualquier camino puede conducirnos a un callejón sin salida o a una serie de giros y vueltas que nos alejen cada vez más de la salida. Y tampoco es posible visualizarlo en su conjunto; lo único que podemos hacer es formar una nueva hipótesis a cada vuelta, en lo que el matemático Pierre Rosenstiehl llamó el “algoritmo miope”.
La situación se vuelve más compleja con una tercera forma de laberinto, el que tiene forma de red y en el que cada punto puede conectarse con cualquier otro, lo cual da origen a múltiples caminos. Imaginemos, por ejemplo, que viajamos de Roma a París y en nuestro trayecto pasamos por Berlín, Budapest y Madrid.
Es imposible desenmarañar una red. A diferencia de los laberintos unilineales y multilineales, que tienen tanto un interior como un exterior, este tipo de laberinto no tiene nada de eso. Y puede extenderse hasta el infinito.
Hoy día tenemos el concepto de que la estructura del universo es una red. Pero la ciencia no tiene por qué temer eso pues, si una hipótesis resulta falsa, siempre hay otra para poner a prueba. (Muy adecuadamente, el lema de la Academia del Cemento, una de las primeras sociedades científicas italianas, era: “prueba y prueba otra vez”). Pero como individuos no es fácil renunciar a nuestras convicciones. Y aun si quisiéramos, no podríamos revertir nuestro curso a través del laberinto. La red es refractaria al paso del tiempo, pero nosotros no.
Y así, el laberinto en forma de red nos revela nuestros grandes miedos, nuestras contradicciones internas y nuestra ilimitada capacidad de error. A fin de cuentas, nosotros somos nuestro propio minotauro.

Los laberintos de la mente

La nueva religión 

Por Umberto Eco

La solidaridad con los millones de personas que buscan asilo en Europa no surgió en un solo día.
Había estado latente bajo la superficie desde hace algún tiempo. Pero se necesitó la foto de un niño sirio ahogado —y una valiente canciller alemana— para darle voz.
Matteo Salvini, líder del partido xenofóbico Liga del Norte de Italia, tenía razón al señalar recientemente que la hábil canciller de Alemania, Ángela Merkel, había hecho un negocio de primer nivel al recibir a decenas de miles de sirios, muchos de ellos profesionales con estudios, que ayudarían a impulsar el producto interno bruto del país. Y, agregó, el resto de Europa podría quedarse con las sobras.
Pero hay una pregunta que salta a la mente: ¿Por qué un hombre tan astuto como Salvini no lo pensó primero? Después de todo, en Italia hay varios miles de sirios. Lo que es más, ¿acaso es difícil imaginar que podríamos encontrar más de unos cuantos inmigrantes con estudios entre otros grupos étnicos? Por ejemplo, yo suelo toparme con senegaleses que venden paraguas y maletas en las calles de Milán, que hablan excelente francés e italiano y que dicen haber asistido a la universidad.
Años y años de democracia alemana no han logrado borrar del todo la imagen del alemán arrogante que grita “Kaput” de la conciencia de Occidente. Ese feo espectro pareció resurgir durante la reciente crisis de la deuda griega. Sin embargo, Merkel logró transformar esa terrible imagen nacional en una de compasión: un sonriente alemán (o austriaco) dispuesto a recibir las familias de refugiados (y no solo a los sirios con títulos de universidad) con artículos indispensables o simplemente llevarlos más adelante en el auto.
Para este momento parece que Merkel ya concretó el negocio, a pesar de los problemas que han surgido para albergar y alimentar a los miles de recién llegados. Ella también se enfrenta a críticas crecientes tanto del pueblo alemán como de los políticos del país, incluso los de su propio partido, por su manejo de la crisis. Aun así, ella se mantiene firme en su decisión.
Su compasión por lo inmigrantes no es sólo buena economía; representa algo mucho más profundo. Esto se hizo claro a principios de septiembre, cuando el mundo vio por primera vez la foto de Alan Kurdi, el niño sirio de tres años de edad que fue encontrado ahogado en una playa de Bodrum, Turquía.
En una conferencia de medios celebrada ese mismo mes en la Riviera italiana, el periodista Mario Calabresi observó que una sola fotografía no explica una conversión global instantánea. Pero, agregó, por lo general se llega a un momento crítico después de que se han acumulado tensiones e inquietudes con el paso del tiempo. En esos momentos, una simple imagen puede provocar una transformación profunda. Esto ya ha sucedido antes en la historia. En el caso del joven Alan, el sentimiento de solidaridad estuvo latente debajo de la superficie por muchos años.
Veamos esto como una nueva religiosidad. Hoy en día, las religiones tradicionales están en crisis y suelen entrar en conflicto entre sí. Pero esta solidaridad recién descubierta corre a través de las divisiones entre cristianos católicos, protestantes y ortodoxos. Incluso podría zanjar la división entre cristianos y musulmanes. El papa Francisco se ha convertido en intérprete de esta nueva religiosidad exhortando a cada parroquia, comunidad religiosa y monasterio a dar ayuda y abrigo al menos a una familia de refugiados.
Por años, la gente se ha preocupado por la desaparición de los centros educativos tradicionales para los jóvenes, ya sean manejados por la iglesia o por diferentes partidos políticos, y de la solidaridad social que éstos aportaban. Empero, poco a poco se ha ido cultivando una sensibilidad similar, aun sin tales centros.
En Italia vimos los primeros indicios de esta camaradería cuando Florencia fue afectada por las inundaciones en 1966 y cientos de jóvenes de todo el país —y de todo el mundo— acudieron a la ciudad en apuros para rescatar libros del lodo en la Biblioteca Nacional. Recientemente hemos visto evidencias de este fenómeno en Médicos sin Fronteras, voluntarios que han ido al África y en los cientos de estudiantes que trabajan sin salario en diversos festivales culturales.
¿Está destinada a durar esta solidaridad? No lo sé, pero ciertamente ha sido alimentada por la retorcida conducta de otros. En términos de su poder y de su ámbito, ¿será capaz de superar las oleadas de xenofobia que están recorriendo toda Europa? Quizá deberíamos recordar que las primeras comunidades cristianas eran diminutas en comparación con el paganismo dominante que las rodeaba.
Esta nueva religión de solidaridad sin duda tendrá sus mártires y no tenemos que buscar muy lejos para darnos cuenta cuánta gente está dispuesta a derramar sangre para sofocarla. Pero quizá sea esa gente, y no los inmigrantes, la que no pasará.

La nueva religión 

El Umbral del dolor

Por Niels Christie

 

Era un día soleado en una pequeña isla del fiordo de Oslo. Las aves acababan de volar de sus hábitats invernales en el sur de Europa y África, y sus cantos llenaban el aire. Había una granja. Varios hombres trabajaban en los campos. Algunos descansaban. Tomaban el sol. Reconocí a uno de ellos. Había matado a varias personas. La isla era una cárcel, probablemente una de las mejores que tenemos en Noruega, sin cerraduras y con pocas restricciones excepto la central: no se puede abandonar permanentemente la isla hasta que uno no haya cumplido su sentencia.

Ese mismo día por la tarde di una conferencia ante los presos y el personal, y terminé con una pregunta dirigida a los internos, apretujados en los bancos de atrás. Muchos noruegos, dije, consideran esta isla un paraíso vacacional. Si les ofrecieran quedarse unas semanas más después de haber cumplido su sentencia y cuando estuvieran a punto de ser liberados, ¿qué dirían? Pongamos que les ofrecieran quedarse aquí como en unas vacaciones normales de verano, pero además gratis. ¿No sería una agradable alternativa para ustedes este verano? Siguieron varios segundos de silencio, después un creciente murmullo y más tarde un clamor: ¡No, nunca!

¿Por qué?

Incluso fragmentos de paraíso se convierten en el infierno si se utilizan como parte de una ceremonia de degradación, si quienes son enviados allí saben que su estancia tiene como objetivo herirles y avergonzarles. El castigo es un mal que pretende ser malo. A menudo, los visitantes del extranjero pasan eso por alto. Es cierto que las condiciones materiales de las cárceles escandinavas son en la mayoría de casos de un nivel elevado. Pero, a pesar de ello, una cárcel es una cárcel. Una institución para infligir dolor. Como muchos en mi país, creo que es importante reducir el nivel de dolor infligido. Y el dolor lo es en todas las cárceles. Pero en el infierno hay grados y algunos de los lugares que he visto en Latinoamérica están en lo más alto.

Las cárceles están hechas para el dolor, independientemente de las condiciones materiales en nuestros Estados. Ser condenado a ingresar en la cárcel es ser condenado a la mayor degradación.

Ventanas para ver

Las cárceles son instituciones hechas para infligir dolor. Pero también son una especie de ventana. Nos permiten ver algo más que montañas, catedrales o viejos castillos de un país. A las agencias de viajes les gustan los viejos castillos; con frecuencia los presentan en imágenes y organizan recorridos para visitarlos. Son hermosos, pintorescos: una copa de vino, y después de vuelta al hotel o a la playa.

Pero no hay excursiones similares a las modernas realidades de las cárceles. En ningún país. No hay anuncios que digan: “Venga a nuestro país, tenemos las cárceles más grandes y modernas del mundo.” O: “¡Hemos creado una de las sociedades más seguras de la tierra! ¡Tenemos más presos que ningún otro lugar!” Estar en lo alto de una lista de instituciones diseñadas para infligir dolor –o llamar la atención sobre la existencia de tal lista– no es motivo de orgullo en ningún país.

Sin embargo, esas listas pueden elaborarse fácilmente. Más abajo presento lo que llamo el “panorama carcelario”. He seleccionado un número limitado de ejemplos; podrían haberse incluido datos de cientos de Estados. Todos proceden de las estadísticas que ofrece ICPS, el muy respetado Centro Internacional de Estudios sobre la Prisión, de Londres. Esta es la lista:

 

En lo más alto encontramos a los grandes encarceladores del planeta. En la parte central he colocado a los países de gama media, y abajo están algunos de los países con un número más limitado de presos.

Utilizo tres indicadores. Primero está el número total de presos del país. En segundo lugar está el número de presos por cada millón de habitantes del país, y en tercero el porcentaje de presos pendientes de recibir sentencia; es decir, en detención preventiva o a la espera de juicio.

 

Los maxi-maxi encarceladores

Estados Unidos está en lo más alto de esta lista. Hay 2.2 millones depersonas encarceladas ahora mismo, lo que significa 7,160 presos por cada millón de habitantes. El país ha experimentado un crecimiento extremo de su población carcelaria. En 1991 Estados Unidos tenía solamente 1.2 millones de presos. Además del enorme número de encarcelados, están todos los que son controlados por el Estado aunque se encuentren fuera de la cárcel, bajo fianza o en libertad provisional. En este momento, entre 4.5 y 5 millones de habitantes viven en Estados Unidos en esas circunstancias. Todas las cifras estadounidenses han mostrado un ligero descenso en los últimos años.

El porcentaje de detenidos en prisión provisional era 21.5.La Federación Rusa es el otro gran encarcelador con más de 706,000 presos, o 4,930 por cada millón de habitantes. El porcentaje de los presos que aún no están sentenciados es 15.2%. Brasil es el tercer mayor encarcelador incluido en la tabla, con más de medio millón de presos, lo que significa 2,760 por cada millón de habitantes. El crecimiento ha sido notable. En 1992 tenía 114 mil presos frente a los 600,000 de hoy en día. En el caso brasileño, como en el de varios países latinoamericanos, también resulta llamativo el gran número de detenidos en prisión preventiva, a la espera de sentencia. En las cárceles brasileñas, 37.6% de los presos no ha recibido ninguna sentencia formal.

¿Y México? Tiene 240,000 presos, según mis fuentes, lo que supone 2,070 encarcelados por cada millón de habitantes. Una vez más, el crecimiento ha sido considerable. En 1992, había cerca de 60,000 personas encarceladas, lo que significaba que había 980 presos por cada millón de habitantes. Y una vez más es también notable, incluso para las cifras de Latinoamérica, el gran número de detenidos e internos en prisión preventiva en México, que alcanza la alarmante cifra de 40.3% de todos los encarcelados.

Los encarceladores medianos
Con España estamos en el terreno común de la Europa occidental. Tiene una población carcelaria de 68,685 presos, y 1,480 presos por cada millón de habitantes. Solo hay 16% de presos en prisión preventiva o a la espera de una sentencia. Pero también en España ha aumentado el número de personas encarceladas: en 1992 eran 41,000. Reino Unido, Inglaterra y Gales están en los mismos puestos intermedios, con una población carcelaria de 84,000 personas, 1,490 presos por cada millón de habitantes. También tienen un número limitado de presos sin sentencia, solo 13.6%. Y la población carcelaria ha aumentado desde los 45,817 hasta los actuales 84,000.

 

En los niveles más bajos

Aquí encontramos a todos los países nórdicos, con Finlandia en lo más bajo con una población carcelaria  de 3,214 personas y 600 presos por cada millón de habitantes.  Dinamarca tiene 680 presos por cada millón de habitantes, Suecia 700 y Noruega 710. Los detenidos a la espera de un juicio representan 18% en Finlandia, 23% en Suecia, 26% en Noruega y 33% en Dinamarca.

¿Por qué estas grandes diferencias?

No utilizaré mucho espacio y energía en tratar de explicar por qué las cifras de encarcelamiento son tan altas. En lugar de eso, intentaré explicar por qué en los países con niveles bajos tienen esos números y también qué amenazas surgen de ese uso limitado de la encarcelación. Al describir a los pequeños podremos entender mejor a los grandes. La experiencia de estos países puede ser útil para la reforma en Estados con grandes poblaciones carcelarias. Pero, por supuesto, algunos ciudadanos, especialmente los privilegiados, que tienen un riesgo limitado de ser encarcelados, pueden considerar positiva una gran población carcelaria.

Algunos rasgos son característicos de los países con un número limitado de presos: son pequeños, todos con poblaciones de menos de diez millones. No han estado en guerra entre sí durante cientos de años. Noruega fue “entregada” a Suecia después de las guerras napoleónicas. Pero cuando Noruega proclamó su independencia de Suecia en 1905, los suecos la aceptaron con considerable elegancia. Finlandia es el país con una historia reciente más sangrienta, particularmente por los conflictos y guerras con Rusia, y eso ha tenido interesantes consecuencias históricas. Por tradición, estaba conectada políticamente a Rusia. En esa época, tenía un sistema carcelario unido al ruso. Los presos finlandeses eran enviados a cárceles de aquel país. Entonces, la tradición de una alta tasa de encarcelación era una especie de fenómeno natural; era lo que siempre había sucedido en Rusia, y por lo tanto también en Finlandia. Pero Finlandia se independizó. Quería distanciarse de la influencia rusa. En esa situación, la cultura escandinava fue una protección. Cobraron importancia toda clase de prácticas escandinavas. Las cifras carcelarias cayeron desde las medias rusas a las escandinavas. Hoy en día sus cifras son las más bajas de los países nórdicos. Las cárceles no son instrumentos racionales para luchar contra el crimen. Son resultado de rasgos culturales, influencias políticas y condiciones sociales.

Un rasgo común en todos estos países es la aceptación del Estado de bienestar como parte esencial del país. El bienestar significa bienestar para todos. Esta idea no es fácil de combinar con el plan de infligir dolor deliberadamente. En debates sobre el castigo en Noruega planteo en ocasiones una pregunta: ¿en verdad queremos aumentar el nivel de dolor en nuestro país? Vivimos en un Estado de bienestar. El objetivo máximo debe ser reducir el dolor en la población. Bienestar y dolor son términos antagónicos. Aparte de eso, está la idea de que aquellos que reciben dolor son en gran medida aquellos miembros de la sociedad que han recibido más dolor: los pobres, desempleados y sin educación, sin familia estable, sin casa decente. No son el objetivo más deseable para administrar más dolor.

El énfasis en la igualdad es un pensamiento afín a la idea de bienestar. El bienestar para todos significa un elevado nivel de imposición y el escarnio de aquellos que no declaran sus ingresos y no pagan lo que están obligados a pagar. Hasta ahora, en los países escandinavos eso ha puesto ciertos límites a la desigualdad en ingresos y riqueza. Es un asunto importante cuando se habla del castigo. Una precondición para que existan fuertes Estados del bienestar y para que se produzca un uso limitado del castigo destinado a controlar a la población es la capacidad para ver a los demás, para verlos como seres humanos, gente similar a nosotros. No monstruos, sino seres iguales. Con distancia social, esta capacidad se ve dañada.

Tengo experiencias muy fuertes al respecto. Mi primera experiencia en la investigación criminológica fue un estudio de guardias en campos de concentración. Fue algunos años después de la Segunda Guerra Mundial. Comparé a guardias que habían matado y maltratado a prisioneros con guardias que no lo habían hecho. La conclusión fue clara: los guardias asesinos, en gran medida, nunca habían estado cerca de los presos y no los veían como seres humanos normales, sino como animales peligrosos. Los que no habían asesinado habían estado mucho más cerca de ellos, habían visto fotografías de su vida familiar pasada, habían charlado con ellos, los veían como seres humanos, como a sí mismos. Las normas habituales de los tiempos de paz se activaban: ¡No matarás!

Estudios posteriores apuntan en la misma dirección. Es el caso del famoso experimento de Milgram (Obediencia a la autoridad, 1974) sobre la disposición a infligir descargas eléctricas a otras personas. Esa disposición disminuye cuando la víctima está más cerca de quien ha recibido la orden de torturarla.

Me temo que, a medida que aumente la distancia social en nuestros países escandinavos, no seremos capaces de mantener nuestra posición como países con un pequeño número de presos. Un indicador notable es el creciente número de presos extranjeros en las cárceles de Escandinavia. Resulta particularmente visible en el caso de Noruega. Los porcentajes de presos extranjeros en Escandinavia son los siguientes: Noruega, 32%; Dinamarca, 28%; Suecia, 27%; Finlandia, 14.5%. Noruega es ahora mismo el país escandinavo más rico, una tierra de miel y petróleo.

Nuestra nueva riqueza es una gran amenaza para nuestros valores básicos. En mi juventud vi a nuestro primer ministro de la época en un tren, en un asiento de tercera clase, por supuesto. Después abolimos por un tiempo las divisiones de clase en los trenes. Pero ahora se están reintroduciendo poco a poco en los trenes y aun en mayor medida en el transporte aéreo. Antes en mi cultura la gente rica intentaba ocultar su riqueza. Lo ideal era seguir siendo como la mayoría: ciudadanos normales y decentes. Eso es cosa del pasado. La clase social ha vuelto. Visto desde abajo, la gente rica parece tener una vida maravillosa, algo por qué luchar, sea con medios legales o ilegales. Visto desde arriba, son importantes privilegios que defender. Además, en los autodenominados Estados de bienestar, la distancia entre las clases sociales aumenta cada año, probablemente con las mismas consecuencias perniciosas que tan bien describieron Wilkinson y Pickett en 2009 (Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva).

Inevitablemente, la distancia social se convertirá en un factor que aliente una política penal más estricta. Tal como se ve desde arriba, la gente que está abajo –si es que se considera gente– no merece nada más. Su pensamiento dicta: “¿Puede ser que nuestra política de bienestar sea demasiado generosa y nuestra política penal demasiado blanda?” Y, en línea con el crecimiento de una subclase social, se considerará más importante combatir la droga y no las diferencias de clase.

La fracasada guerra contra las drogas

Aquí en el norte somos muy morales. Y, como emigrantes, nuestros antepasados también se llevaron una parte importante de esa moralidad a Estados Unidos. Sabemos que Jesús usaba vino, pero no le gustaba. Muchas iglesias de mi país utilizan vino sin alcohol en sus rituales religiosos. Durante un tiempo también prohibimos el brandy y los licores más fuertes, como el de cereza. Se prohibió todo uso del alcohol. Al principio funcionó bien; la salud de la población en general mejoró. Pero después comenzó el contrabando. Una parte cada vez mayor de la población aprendió a hacer su propio brandy, o empezó a comprar el que otras personas elaboraban en sus casas. La importación ilegal surtía a los que carecían de conocimientos o paciencia para la producción casera. Se desarrolló una economía sumergida, tal como la describió Johansen (Brennevinskrigen. En krønike om Forbudstidens Norge, 1985).  Pero luego, al cabo de un tiempo, los antiprohibicionistas recibieron una ayuda inesperada. Portugal no nos compraría pescado seco si nosotros no comprábamos sus vinos más fuertes. De modo que abolimos la prohibición un poco antes de lo que habríamos hecho en otras circunstancias y creamos un monopolio estatal para la venta de todo tipo de alcoholes excepto cerveza.

Pero las drogas se consideran algo muy distinto. Es la sustancia maligna número uno. En 1985 publiqué junto a Kettil Bruun, un colega finlandés, la primera edición de un libro que llamamos El enemigo adecuado. El título subraya el estatus peculiar de determinadas drogas. No todas las drogas. No el café o el té; sustancias bien instaladas que nos dan energía y nos mantienen despiertos. Tampoco el tabaco, el gran causante de cáncer. Y, por supuesto, tampoco, de nuevo, el alcohol, que siempre ha sido la mayor fuente de problemas en los países nórdicos, sobre todo en lo que concierne a actos violentos. Los enemigos adecuados eran las sustancias sin grandes defensores en la cultura nórdica y la estructura de poder, y –al menos al principio– mayoritariamente consumidas por jóvenes y otros grupos sin influencia política. De modo que, sin dudarlo, entramos en una guerra contra las “nuevas” drogas: aquellas que hasta entonces habían sido prácticamente desconocidas para nosotros. Tratamos de mantenerlas a raya con leyes penales excepcionalmente fuertes contra su importación y consumo y, obstinadamente, continuamos con esas medidas. No triunfamos y las drogas están aquí para quedarse. Pero, aun así, continuamos. Las propuestas para disminuir el nivel de castigo o legalizar algunas de las drogas y hacer que estén disponibles en farmacias o por medio de un monopolio estatal, como ocurre con el vino y el licor, son recibidas casi siempre con un silencio ensordecedor.

Y después sucedió –tanto en el plano nacional como en el internacional– lo que no podía sino suceder: aparece un mercado negro de considerable tamaño, aquí y por supuesto en los lugares de producción. Con nuestra sólida economía, esas drogas tremendamente deseadas son muy rentables en el mercado negro. Pero Noruega contraataca. Una parte excepcionalmente grande de nuestros presos están en la cárcel por importar, vender o consumir drogas. Con obstinación, las autoridades insisten: mantengamos limpias las calles, sin drogas. Sigamos con nuestra política de prohibición total para proteger a nuestros hijos. El informe de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia no tuvo ningún impacto aquí en el norte. Ni tampoco la Comisión Global de Políticas sobre la Droga. Kofi Annan formaba parte de ella, y también nuestro exministro de exteriores Thorvald Stoltenberg, padre de nuestro actual primer ministro.

Creo que podríamos proteger a los jóvenes de una manera más eficiente y humana con un sistema de estricta regulación de la venta y el consumo de las drogas, en lugar de la total prohibición que tenemos ahora. Y, en ese sentido, los costes de tener una economía sumergida son muy importantes. Nuestra prohibición de una sustancia muy deseada, producida en el sur y relativamente fácil de transportar al norte, es una prohibición con tan malas consecuencias, tanto en el norte como en el sur, que todo el sistema debería ser abolido. Estricta regulación y control, sí. No heroína en los quioscos. Pero el comercio debe realizarse a la vista. Abierto a los controles aduaneros, abierto a la tasación. Abierto al control de calidad de las sustancias. Abierto a todas las trivialidades de las sociedades civilizadas, y sin que necesite métodos policiales y sentencias a prisión como ahora. Como ha dicho mucha gente desde hace tiempo: la guerra contra las drogas ha terminado. Han ganado las drogas.

De vuelta a tiempos medievales

Existe un interesante parecido entre la situación social en Estados con una gran economía sumergida y lo que sabemos de la historia de la Edad Media. Una gran economía sumergida significa que el poder estatal se encuentra debilitado. Eso significa que cada hombre (y en esta rápida mirada histórica eran hombres, no mujeres) tiene que luchar por sí mismo. En esas situaciones es una virtud ser reconocido como alguien fuerte, con frecuencia también peligroso. No se engaña a un hombre así. Si lo intentas, puede vengarse. Y no hay otras personas a quienes recurrir, a menos que en algún momento uno se haya podido aliar con alguien.

La economía sumergida también tiene, obviamente, sus reglas. Es una situación condenada a producir violencia. Como señala Norbert Elias en su libro El proceso de la civilización, la violencia interpersonal disminuye cuando el poder se vuelve más centralizado. Steven Pinker subraya este aspecto en Los ángeles que llevamos dentro.

Allí donde domina el mercado negro, donde no hay reyes fuertes, solo Estados débiles, vuelven a necesitarse hombres fuertes. Es más: vuelve a necesitarse la cooperación con hombres fuertes. Si me quedo solo, pueden aplastarme. Con un hombre fuerte a mi lado, tengo una especie de seguro. La economía sumergida creada por la prohibición de las drogas nos devuelve a los problemas de la Edad Media.

Rayos de esperanza

Pero hay algunas señales que invitan al optimismo. En primer lugar, la credibilidad de la guerra contra las drogas parece estar considerablemente debilitada. La Comisión Global de Políticas sobre Drogas, dominada por Estados Unidos, ha sido muy criticada últimamente. Y las bajas de la guerra han cobrado mucha visibilidad. Lo que sucede en México ha sido importante para abrir los ojos. También lo han sido las descripciones de las condiciones carcelarias creadas por el enorme flujo de drogadictos y traficantes. Las bajas cifras de encarcelados en Escandinavia serían aún menores con una reforma así. El porcentaje de reos con condenas relacionadas con la droga es actualmente de 32% en Suecia, 26% en Noruega, 21% en Dinamarca y 15% en Finlandia. En Escandinavia, como en otras partes del mundo, una estricta política prohibicionista esconde la pobreza. Las calles y los vecindarios están limpios. Se nos oculta la inquietante visión de la miseria. Está lejos. Está en la cárcel. Un elemento importante que impide el cambio, sobre todo en Estados Unidos, es la privatización de la industria carcelaria. Se gasta una enorme cantidad de dólares con el fin de no cambiar leyes en un sentido más tolerante. La tolerancia sería mala para los negocios.

Quizá haya esperanza en un enfoque completamente distinto: civilizar los conflictos.

Conflictos, no delitos

Pero también hay fuerzas que empujan en sentido opuesto. La más importante puede ser la reciente tendencia a civilizar muchos conflictos. Cuando alguien se porta mal, puede considerarse un delito, un acto que exige un castigo. Pero también es posible verlo como un conflicto, un acontecimiento que hay que describir, comprender y por el que finalmente hay que resarcir. Varios países han incluido en sus leyes consejos para gestionar así sus conflictos. Más de 12,000 conflictos se abordaron de este modo en Noruega el año pasado. La pregunta central no es: “¿Por qué lo has hecho?” sino “¿Qué ha pasado?” Y con ello todo se vuelve mucho más claro: muchos implicados en casos como estos están más interesados en saber, en comprender, que en infligir dolor a la otra parte. Infligir dolor debería ser la última alternativa posible a la hora de crear sociedades en las que valga la pena vivir. ~

El Umbral del dolor

La quiebra del Imperio español (1627)

Las vastas riquezas de oro y plata (unos tres billones de dólares) quesaquearon los españoles de América y que mantenía el Imperio español a finales del siglo XVI gracias a las expediciones de los conquistadores al Nuevo Mundo, financiaban las numerosas campañas militares que llevaba a cabo en Europa. 
Como consecuencia, España expandió sus territorios hacia una gran parte de Italia, Alemania y los Países Bajos. 

Pero las constantes guerras y ocupaciones militares agotaban el tesoro español, que sufría una presión inflacionaria debido al influjo de plata y oro del Nuevo Mundo. 
En lugar de reformar las finanzas reales, el ineficaz rey Felipe III condenó a España a un descenso hacia la irrelevancia a largo plazo.
El impago de las deudas de la corona impidió que el Imperio sofocara una rebelión holandesa en 1607. 
Este fracaso, cinco años después de que los holandeses establecieran la primera empresa con cotización bursátil de la historia, desplazó el poder económico de Europa hacia Ámsterdam.   

El esfuerzo reiterado para someter de nuevo a los Países Bajos en la década de 1620 por el recién coronado rey Felipe IV tropezó con un colapso económico desastroso en la provincia vital española de Castilla, en 1627. 
La corona española había devaluado su moneda hasta tal punto que esta se quedó efectivamente sin valor, y las fuerzas españolas tuvieron que vivir de los saqueos que llevaban a cabo en la mencionada provincia por algún tiempo.  
La bancarrota de España de 1627 fue la quinta en 70 años, pero esta puso al poder español en decadencia definitivamente, despejando el terreno para el crecimiento de los imperios mercantilistas de los Países Bajos y del Reino Unido.
El ascenso al trono en 1665 del discapacitado y deformado (debido a los sucesivos matrimonios consanguíneos en la familia real) Carlos II fue el último clavo en el ataúd del Imperio español. 

La quiebra del Imperio español (1627)

La Revolución Francesa (1789)

Los últimos 250 años han visto numerosas crisis económicas, pero antes de la Gran Depresión, ninguna había afectado el curso de la historia mundial tan profundamente como la que estuvo detrás del colapso de la monarquía francesa en 1789.
La Francia prerrevolucionaria era una nación en la que las élites adineradas engordaban mientras las masas pasaban hambre.
La nobleza, el clero y la burguesía de clase media-alta suponían alrededor del 10% de la población francesa, pero tenían aproximadamente la mitad de todos los ingresos nacionales en 1788.
Paradójicamente, la Revolución Francesa estalló después de que el rey Luis XVI destinara demasiado dinero del perteneciente a la corona a la revolución estadounidense.
  
La deuda francesa se elevó a casi 3.000 millones de libras y la mitad de todos los ingresos terminaron yendo hacia la devolución de la misma, a pesar de que las tasas de interés anuales estaban por debajo del 6%.

El déficit siguió creciendo después de la guerra debido a la construcción de la Armada en previsión de nuevas batallas con Gran Bretaña, así que los ministros de Finanzas empezaron a temer que se llegara a una situación de insolvencia. 
Los intentos de cambiar el Código Tributario francés por votación de la Asamblea fueron rechazados por la élite.
La sangrienta revolución que siguió sacudió a Francia durante una década, llevando directamente a la época napoleónica y a la eventual transformación de Europa, que pasó de ser un mosaico de territorios vagamente alineados a albergar a varias potencias imperiales.
Gran Bretaña se convirtió en el mayor beneficiario del colapso económico de Francia. 

La Revolución Francesa (1789)

El Crack del ’29

El Crac del 29[1] fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa en Estados Unidos, tomando en consideración el alcance global y la larga duración de sus secuelas y que dio lugar a la Crisis de 1929 también conocida como La Gran Depresión. Se suelen usar las siguientes tres frases para describir este colapso de las acciones: Jueves Negro, Lunes Negro y Martes Negro. Todas ellas son apropiadas, dado que el crac no fue un hecho de un solo día. La caída inicial ocurrió el Jueves Negro (24 de octubre de 1929), pero fue el catastrófico deterioro del Lunes Negro y el Martes Negro (28 y 29 de octubre de 1929) el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y de largo plazo para los Estados Unidos.
El colapso continuó durante un mes. Los economistas e historiadores no están de acuerdo en qué rol desempeñó el crac en los eventos económicos, sociales y políticos posteriores. En Norteamérica, el crac coincidió con el comienzo de la Gran Depresión, un periodo de declive económico en las naciones industrializadas, y llevó al establecimiento de reformas financieras y nuevas regulaciones que se convirtieron en un punto de referencia. La crisis del 29 ha sido, probablemente, la mayor crisis económica a la que se ha enfrentado el intervencionismo como sistema y que fue motivado por la manipulación de la oferta monetaria, por parte de la reserva federal luego de ser privatizada por el presidente Woodrow Wilson en 1913/14 y comenzar a apartarse del patrón oro.
En el momento del crac, la ciudad de Nueva York había crecido hasta convertirse en la mayor metrópolis y en su distrito de Wall Street eran muchos los que creyeron que el mercado podía sostener niveles altos de precio. Poco antes, Irving Fisher había proclamado: “Los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta alta permanente.” La euforia y las ganancias financieras de la gran tendencia de mercado fueron hechas pedazos el Jueves Negro, cuando el valor de las acciones en la Bolsa de Nueva York se colapsó. Los precios de las acciones cayeron ese día y continuaron cayendo a una tasa sin precedentes por un mes entero. 100 000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo en un periodo de tres días.
En los días previos al Jueves Negro, el mercado estaba severamente inestable ya que no se supieron manejar acorde los negocios así que la bolsa cayó debido a la inexperiencia de algunos. Periodos de venta y altos volúmenes de negociación eran intercalados con breves periodos de aumento de precios y recuperación.

Más tarde, el economista Jude Wanniski relacionó estas oscilaciones con la perspectiva por el paso del Acta de Tarifas Smoot-Hawley, que estaba siendo debatida en el Congreso
Después del crac, el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se recuperó a inicios de 1930, solo para retroceder nuevamente, alcanzando un punto bajo de las grandes tendencias de mercado en 1932. El Dow Jones, que el 8 de julio de 1932 estuvo en su nivel más bajo desde 1800,[5] no retornó a niveles previos a 1929 sino hasta 1954

Después de una serie sorprendente de cinco años de duración en la cual el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) incrementó su valor cinco veces, mayor a la de años anteriores, los precios alcanzaron su nivel máximo en 381,17 el 3 de septiembre de 1929. A partir de entonces, el mercado cayó profundamente por un mes, perdiendo 17% de su valor en la caída inicial. Luego, durante la semana siguiente, los precios recuperaron más de la mitad de las pérdidas, solo para caer nuevamente poco después. Entonces el declive se aceleró en lo que se llamó “Jueves Negro”, el 24 de octubre de 1929. Ese día se negociaron un número récord de 12,9 millones de acciones.
Desde el 15 de octubre la acumulación de órdenes de venta había hecho bajar los valores; sin embargo el 24 de octubre el llamado Jueves Negro, 13 millones de títulos son puestos a la venta a bajo precio y no encuentran comprador, provocando el hundimiento de la bolsa. A la 1 p.m. del viernes 25 de octubre, varios grandes banqueros de Wall Street se reunieron para encontrar una solución al pánico y caos en las negociaciones bursátiles. La reunión incluyó a Thomas W. Lamont, actuando en representación de JPMorgan Chase; Albert Wiggin, representante del Chase National Bank; y Charles E. Mitchell, presidente del National City Bank. Ellos escogieron a Richard Whitney, vice presidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Con los recursos financieros de los banqueros como respaldo, Whitney colocó una oferta para comprar un gran bloque de acciones del U.S. Steel a un precio muy por encima del mercado. Luego, ante la mirada sorprendida de los negociadores, Whitnet compró un número similar de acciones en otro Blue chip. Esta táctica fue parecida a una táctica que terminó con el Pánico de 1907 y tuvo éxito en detener el descenso ese día. En este caso, sin embargo, la tregua fue solo temporal.
Durante el fin de semana, los eventos fueron cubiertos por los periódicos en todos los Estados Unidos (Ver sección AMÉRICA de la La Vanguardia publicada el día 31-10-1929 – Heroteca de La Vanguardia). El lunes 28 de octubre más inversores decidieron salir del mercado y la caída continuó con una pérdida récord del 13% en el Dow Jones ese día. El día siguiente, Martes Negro, 29 de octubre de 1929, se negociaron 16,4 millones de acciones, un número que rompió el récord establecido siete días antes y que no sería excedido hasta 1969. Richard M. Salsman escribió que en octubre del 29, en medio de rumores de que el presidente de los Estados Unidos Herbert Hoover no vetaría el Acta de Tarifas Hawley-Smoot que estaba pendiente, los precios de las acciones se vinieron abajo aún más.[7] William C. Durant se juntó con miembros de la familiar Rockefeller y otros gigantes financieros para comprar grandes cantidades de acciones con el fin de demostrar al público su confianza en el mercado, pero sus esfuerzos fallaron en el intento de detener la caída. El Dow Jones perdió otro 12% ese día. La bolsa perdió $14.000 millones en valor ese día, sumando $30.000 millones la pérdida para la semana, diez veces más que el presupuesto anual del gobierno federal y mucho más de lo que Estados Unidos gastó en la Primera Guerra Mundial
Otra caída ocurrió el 13 de noviembre cuando el Dow Jones cerró en 1986, aunque el mercado se recuperó en los siguientes meses de ese punto, alcanzando un pico de 294,0 en abril de 1997. En la primavera de 1930 la Banca Morgan decide vender las acciones que ha acumulado y tiene lugar una nueva caída de la bolsa. Las cotizaciones siguen descendiendo. El mercado de valores se embarcó en una caída constante en abril de 1931 que no terminó hasta 1932 cuando el Dow Jones cerró en 41,22 el 8 de julio, concluyendo en un deterioro de 89% de declive desde el punto más alto. Este fue el punto más bajo en el que estuvo el mercado de valores desde el siglo XIX.

En la década de los 30 los países ensayaron distintas formas para salir de la depresión económica:
Liberalismo económico clásico ensayado por los países democráticos en el primer momento de la crisis (Gran Bretaña, Francia, EE.UU.). Las primeras soluciones que adoptan casi todos los países ante la crisis fue la adopción de típicas recetas del liberalismo clásico.

Reducción del gasto público.

Restricción de los créditos.

Disminución de los gastos sociales y salarios.

Disminución de las importaciones.

La clave era actuar sobre la oferta, promoviendo una disminución de su volumen. Las políticas liberales fracasaron y generaron aún más paro y recesión, Gran Bretaña mantuvo esta política económica hasta 1931, EE.UU. hasta 1933 y Francia hasta 1936.

El Keynesianismo, entendido como teoría que recoge las ideas propuestas por John Maynard Keynes (Keynes publicó sus ideas prácticamente en el mismo momento que Roosvelt propuso el New Deal), fue el modelo ensayado por los países democráticos tras el fracaso del sistema económico clásico, y fue el que, según sus defensores, lo sacó de la crisis. Su idea clave reside en la intervención del Estado en la economía con la finalidad de compensar los desajustes de la economía de mercado. Según él, la crisis del 29 la había provocado el hundimiento de la demanda y era necesario una intervención del Estado para estimularla. El reequilibrio entre oferta y demanda debía provenir de un aumento de la demanda, y no tanto, de una disminución de la oferta excesiva, como preconizaba la mentalidad liberal clásica. Para ello, el Estado debía estimular la inversión y el empleo recurriendo para ello al déficit público. Ello incluía también la inversión directa en obra pública y en los sectores con mayor impacto sobre empleo y demanda. Había que impulsar el consumo elevando el poder adquisitivo de la población, para ello había que proteger las rentas más pobres.
Estas ideas inspiraron la política económica de la mayor parte de los países democráticos. En todos ellos el Estado se vio obligado a intervenir para relanzar la economía. Sin embargo, el ejemplo más claro de la puesta en práctica de las propuestas de Keynes fueron los propios EE.UU. a partir de 1933, con la salida de la administración republicana del presidente Hoover, sustituido por Roosevelt.
La política económica llevada a cabo por Roosevelt se denominó New Deal, estuvo basado en cuatro tipos de medidas:
Financieras:

Ayuda a los bancos mediante una participación en su capital.

Devaluación del dólar, con el objetivo de crear inflación que a su vez estimule la economía.

Agrícolas:

Estimuló del descenso de la producción pagando a los agricultores una indemnización por dejar de producir. El objetivo era que los precios aumentaran.

Industriales:

Se promovió el aumento de salarios.

Disminución de las horas de trabajo.

Sociales:

Se llevan a cabo grandes inversiones en obras públicas.

Se promueven medidas de protección social que aseguran el poder adquisitivo de la población, el objetivo es que aumente el consumo.

El Crack del ’29